La Junta socialista de Andalucía ha puesto un especial énfasis en evitar que determinados documentos de los ERE no lleguen a la Justicia. Con ese fin, ha negado la existencia de los documentos acreditativos del convenio firmado por Gaspar Zarrías en 1999 por el que se permitió devolver un crédito -concedido por la propia Junta- por medio de subvenciones también concedidas por la misma Junta: es decir, impagar el crédito.
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